GLP: El Gobierno desregula el mercado y redefine el rol del Estado

El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley 26.020, que regula la industria del gas licuado de petróleo (GLP), y avanzó hacia una fuerte desregulación del sector.

La medida, contenida en el Decreto 446/2025 y firmada por el presidente Javier Milei junto a sus ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, busca reducir la intervención estatal y fomentar la competencia privada. A partir de ahora, operar en el mercado será más simple para las empresas, pero los efectos sobre los usuarios más vulnerables y las economías regionales están por verse.

Adiós a la autorización estatal previa

Uno de los cambios clave es que ya no será necesario contar con autorización previa del Estado para fraccionar, distribuir o comercializar GLP. Bastará con presentar la documentación correspondiente y, si en 10 días hábiles no hay respuesta, el silencio será considerado como aprobación (silencio positivo). Esta medida apunta a reducir la burocracia y acelerar la operatoria privada, algo largamente reclamado por algunos sectores del mercado.

Importaciones y exportaciones liberadas

El decreto también libera la importación y exportación de GLP. En el caso de las exportaciones, solo se exige como condición garantizar el abastecimiento interno. Se elimina además la exigencia de operar con una marca única: los fraccionadores podrán trabajar con distintas marcas, y se habilita un parque de envases comunes, lo que podría mejorar la eficiencia logística.

 El Estado se retira del mercado, pero mantiene el control en seguridad

La Secretaría de Energía continuará como autoridad de aplicación, pero con funciones acotadas exclusivamente a la fiscalización en materia de seguridad. Desaparece su rol en la regulación de precios, márgenes o condiciones de operación. En palabras del propio decreto, la intervención estatal debe limitarse a “resguardar la seguridad pública”.

 ¿Qué pasa con los usuarios vulnerables?

Esta decisión abre interrogantes clave sobre el impacto en sectores que dependen del GLP para cocinar y calefaccionarse, especialmente en zonas sin acceso al gas natural. Hasta ahora, el Estado intervenía para asegurar precios accesibles y un servicio universal. En este nuevo esquema liberalizado, ¿quién garantiza que el GLP llegue a tiempo, en cantidad y a precio justo en los pueblos del interior profundo?

 Oportunidades para algunos, desafíos para otros

La desregulación puede representar una oportunidad para nuevos actores regionales que deseen ingresar al mercado sin las trabas burocráticas previas. También podría atraer inversiones privadas en infraestructura de envasado y distribución. Sin embargo, las pymes del sector temen por la concentración, ya que las grandes empresas podrían absorber rápidamente la mayor parte del negocio.

En zonas como la Patagonia, el NOA y el NEA, donde el GLP es clave para la vida diaria y la actividad económica, la preocupación es creciente. Una cadena logística dominada por grandes jugadores con criterios puramente comerciales podría dejar afuera a pequeñas localidades o elevar los precios. Una medida coherente con el rumbo general

El Decreto 446/2025 es una más de las herramientas otorgadas al Ejecutivo por la Ley Bases (27.742), que declaró la emergencia pública en varias áreas, incluida la energética. Esta norma le permite al Gobierno reorganizar funciones estatales y avanzar con una agenda de liberalización económica, aún en sectores sensibles como el energético.

Opinión

La intención de reducir costos y eliminar distorsiones es válida. Sin embargo, dejar todo librado al mercado, sin mecanismos de control o compensación para los sectores más débiles, puede tener consecuencias sociales graves.

En un país tan desigual como Argentina, el equilibrio entre libertad económica y justicia social no puede abandonarse por completo. Asegurar el acceso al GLP no es solo una cuestión de negocios, es una cuestión de derechos.