Por tomar sólo lo último, hace al menos dos años que el gobierno provincial viene anticipando su posición respecto del vencimiento de las concesiones hidroeléctricas del Comahue, ese bastión de la generación energética en el país. El caso tuvo esta semana un desenlace: la secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royón, transfirió el control de las represas a Enarsa, la empresa del Estado nacional que administrará esas instalaciones cuyas licencias finalizan desde agosto, en un proceso que se extiende hasta el 2029 en parte del país.

Luego del cimbronazo electoral, la histórica derrota del oficialismo a manos de Rolando Figueroa, el diputado nacional del MPN que se impuso a la estructura partidaria a la que pertenecía, el tema también ofició de nuevo trampolín para reeditar esas diferencias de campaña entre la provincia y las fuerzas políticas nacionales. El tan mentado federalismo de coordinación al que recurre una y otra vez el partido provincial en momentos de proselitismo y cuando también observa algún grado de avance en lo que considera suyo: los recursos naturales.

“Nos sacan lo que es nuestro”, dijo de hecho el gobernador Omar Gutiérrez, apenas conocida la decisión. El posicionamiento nacional fue tomado públicamente como un desplante.

Neuquén y Río Negro venían manifestándose en conjunto: querían ser parte de la discusión del futuro de las concesiones, en medio de reclamos que van desde la cancelación de deudas en concepto de regalías hidroeléctricas hasta el pago de una tarifa diferencial de la electricidad para habitantes de dos de las provincias que hacen el estratégico aporte al tendido nacional.

El tema suma algo de tensión en una relación más que aceitada. Hace solo un puñado de meses que el ministro de Economía Sergio Massa junto a Jorge Sapag y Omar Gutiérrez se mostraron en Neuquén casi refrendando un acuerdo para impulsar los buenos escenarios posibles para el desarrollo del shale de Vaca Muerta. De hecho, el propio ministro sostuvo que Sapag era algo así como un asesor ad honorem de su gestión. El ex gobernador fue de los primeros en plantear el estratégico tema de las concesiones.

El tramo final del gobierno del MPN parece arrojar una novedad en ese contexto. Al menos en este caso, las formas fueron claramente otras con una provincia con la que Massa ya venía hablando por momentos un mismo discurso en el sector energético, con el shale de Vaca Muerta, cuya titularidad es de Neuquén, como estandarte para el despegue de la economía, en medio del estrago económico de mayor complejidad de la historia argentina. (En abril, Gutiérrez también había puesto el grito en el cielo por el anuncio de una cotización diferencial para el dólar del complejo agroexportador sin que Nación tuviera en cuenta una alternativa similar para la producción de Vaca Muerta. Allí reclamó el "dólar Ofephi".)

Una de las preguntas del millón es si esta controversia se trasladará al resto del escenario entre las gestiones de Neuquén y el área energética nacional, en el mejor momento de la producción en la era no convencional. Otros, con un dejo de ironía se preguntan si esto hubiera sido del mismo modo sin el lastre de una derrota para el MPN.

No menos irónicamente sectores del oficialismo recurren a una simplista regla matemática de uno más uno dos y recuerdan que Enarsa es un reducto de los más claros en la órbita de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que podría inclinarse también por una candidatura de Massa a la Presidencia.

Neuquén jugó la carta de una eventual judicialización del caso. Sigue analizando ir con una presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya sola mención provoca el escozor del kirchnerismo, en medio de los frenos a la reelección de candidatos oficialistas del último tiempo, y todavía con una amplia hoja de ruta electoral por escribirse en el 2023.

Como nota local, el MPN utilizó el tema como una nueva plataforma de diferenciación política: tanto su Convención partidaria, como la Junta de Gobierno, encabezadas por Sapag y Gutiérrez, emitieron sendos comunicados donde tildan de inconstitucional la medida, que en Buenos Aires es más bien moderada con el argumento de que lo que el Estado nacional controlará es la estructura de generación y no el recurso en sí, el agua que la reforma constitucional del 1994 deja como potestad de las provincias.