
Milei acelera el debate por la Ley de Glaciares
Federalismo o Freno Minero
La discusión dejó de ser técnica. El gobierno de Javier Milei quiere reescribir la Ley de Glaciares para devolverle poder a las provincias y romper el bloqueo a las inversiones mineras. Gobernadores, empresas y la política ya están alineados. El reloj corre.
Por VMO – Vacamuertaonline.com.ar
La Ley de Glaciares se convirtió en una de las piezas más sensibles del tablero político y económico argentino. No es sólo un marco ambiental: es la llave que habilita o detiene inversiones por miles de millones de dólares en cobre, litio y minerales esenciales para la transición energética global.
Desde la Casa Rosada, el mensaje es claro: la norma tal como está redactada, sin definiciones técnicas ni un criterio claro de aplicación territorial, paraliza un sector que podría cambiar el futuro económico del país. Si no se corrige pronto, los proyectos de gran escala que necesitan inversiones entre u$s3.000 y u$s15.000 millones seguirán inmovilizados.
“Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo”, lanzó Milei, al anunciar que ya trabaja en un esquema alternativo que podría llegar al Congreso como nueva ley o directamente como decreto, si el tiempo no alcanza.
Pero la discusión va más allá: se trata de un reclamo histórico de las provincias mineras, encabezadas por San Juan y Mendoza, que exigen que se respete la Constitución y su potestad sobre los recursos naturales. No es incompatibilidad entre minería y ambiente, sino entre imprecisión legal y desarrollo productivo.
📌 Lo que está en juego:
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El futuro del cobre argentino (6 de los 10 mayores proyectos están en San Juan)
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La seguridad jurídica para inversiones mineras de largo plazo
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La posibilidad concreta de que Argentina se convierta en proveedor estratégico de minerales para baterías, acero verde y producción energética
Las provincias toman la palabra
El mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego, lo dijo sin vueltas: “Necesitamos orden y claridad sobre quién decide qué”. Mendoza, a través de su ministra Jimena Latorre, subió el tono: si no se armonizan las reglas, “vamos a seguir enterrando riqueza”.
La Línea técnica es clara: definir qué es periglaciar, qué se considera ambiente glaciar, qué actividades están permitidas y bajo qué parámetro. Sin eso, nadie va a levantar una planta, contratar un equipo o movilizar un dólar.
La Corte, el DNU o el Congreso
En el oficialismo conviven tres caminos:
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Un DNU reglamentario, rápido pero frágil ante la Justicia.
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Una ley complementaria en el Congreso, más fuerte pero dependiente del clima político.
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Una vía improbable: que la Corte Suprema convoque a las partes y ayude a definir competencias y límites, con doctrina de “federalismo de concertación” como guía.
Por ahora, el gobierno apuesta al Congreso en sesiones extraordinarias. Pero nadie descarta el decreto si los tiempos legislativos se complican.
La señal más fuerte: Vicuña Corp. y el RIGI
Un dato que pasó casi desapercibido dice más que mil discursos. Luis Caputo se reunió con los directivos de Vicuña Corp., que prepara un proyecto bajo el RIGI por más de u$s14.000 millones. Hablamos de Josemaría y Filo del Sol, dos de los gigantes del cobre argentino.
El ministro lo puso sobre la mesa: "Queremos cuidar los glaciares, pero también desarrollar la minería".
El país ante una decisión histórica
La redefinición de la Ley de Glaciares no es un capricho de Milei ni una concesión empresarial. Es un punto de inflexión que puede determinar si Argentina aprovecha la ola global de demanda de minerales estratégicos o se queda mirando desde afuera.
Mientras tanto, el mundo no espera. Las compañías ya toman nota. Los gobernadores presionan. Y la renta minera que podría multiplicar el superávit comercial depende, en buena parte, de una palabra: precisión.
Fuente: vmo