Zona Fría modifica el régimen

La Patagonia conserva el beneficio, pero cambia el esquema de subsidios al gas.

La Ley 27.828 modifica el régimen de Zona Fría y mantiene el tratamiento diferencial para la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. En otras zonas, la bonificación adicional quedará vinculada a criterios socioeconómicos y al acceso al régimen de subsidios focalizados. El cambio reabre el debate sobre el costo de la calefacción y el impacto de las tarifas en los hogares.

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El Gobierno nacional promulgó una reforma del Régimen de Zona Fría que modifica la forma en que se financian y asignan los beneficios sobre el consumo de gas. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27.828 en el Boletín Oficial del 13 de octubre, mediante el Decreto 1161/2026.

El nuevo esquema conserva el tratamiento diferencial para los usuarios residenciales de la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. Sin embargo, introduce cambios para otras zonas incorporadas al sistema en 2021, donde la bonificación adicional estará sujeta a condiciones específicas de acceso.

La discusión tiene una importancia particular para las provincias patagónicas, donde las bajas temperaturas durante buena parte del año convierten el gas en un servicio esencial y no en un gasto fácilmente postergable.

Qué cambia con la reforma de Zona Fría

La modificación establece dos tratamientos diferenciados.

Por un lado, se mantiene el régimen para la Patagonia, Malargüe y la Puna, con beneficios para usuarios residenciales de gas por redes y para determinados usuarios del Servicio General P abastecidos con gas propano por redes.

Por otro, la bonificación adicional destinada a usuarios de otras zonas frías quedará comprendida en el régimen de subsidios focalizados. Para acceder, los hogares deberán cumplir los requisitos previstos por la ley.

Entre los criterios establecidos figuran:

• Ingresos netos del hogar iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales correspondientes a un Hogar 2, según el INDEC.
• La presencia de un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.
• La presencia de un veterano de la Guerra del Atlántico Sur con pensión vitalicia.
• La presencia de una persona con Certificado Único de Discapacidad, cuya situación deberá ser evaluada para determinar la necesidad de asistencia económica para afrontar los servicios energéticos.

De esta manera, el acceso a la bonificación adicional en las zonas alcanzadas por estos criterios deja de depender exclusivamente de la ubicación geográfica y pasa a contemplar también la situación socioeconómica del hogar.

La Patagonia mantiene un tratamiento diferencial

Para Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el mantenimiento del régimen tiene una relevancia directa sobre el presupuesto familiar.

En estas provincias, el gas no se utiliza únicamente para cocinar o disponer de agua caliente. Durante los meses de frío, la calefacción representa una parte importante del consumo residencial, especialmente en viviendas con ocupación permanente y en localidades donde las temperaturas invernales son extremas.

Por eso, la continuidad del beneficio constituye una herramienta de protección para los usuarios patagónicos. No obstante, será importante seguir cómo se instrumenta la reforma y cómo se reflejan las bonificaciones en las facturas, ya que el impacto final depende del consumo, la categoría tarifaria y los demás componentes del servicio.

La conservación del régimen diferencial tampoco significa que las facturas vayan a permanecer congeladas: el beneficio de Zona Fría es un componente de la cuenta de gas y no una garantía de estabilidad del monto total que paga cada usuario.

El subsidio y el precio del gas: una diferencia clave

Uno de los cambios centrales de la nueva norma está relacionado con la base sobre la que se aplica la bonificación.

La ley modifica el mecanismo de financiamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y establece compensaciones vinculadas al precio del gas natural y del gas propano por redes comercializados por los productores.

Este aspecto es relevante porque el descuento sobre el precio del gas no equivale necesariamente a una reducción del mismo porcentaje sobre el total de la factura. La cuenta final también puede incluir transporte, distribución, impuestos y otros conceptos regulados.

Por eso, para medir el impacto real de la reforma será necesario observar las facturas emitidas bajo el nuevo esquema y distinguir entre la bonificación aplicada, el consumo registrado y los restantes componentes tarifarios.

Cómo se financiará el régimen

La ley mantiene un fondo destinado a financiar los beneficios y establece un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la norma.

El recargo alcanza, bajo las condiciones legales establecidas, al gas consumido o comercializado en el territorio nacional. La ley también dispone que el régimen se mantenga vigente hasta el 31 de diciembre de 2031.

La estructura de financiamiento es parte de una discusión más amplia: cómo sostener la asistencia a los hogares que necesitan calefacción sin trasladar costos crecientes al conjunto de los usuarios ni generar desequilibrios en el sistema.

El costo de la energía vuelve al centro del debate

La reforma se conoce en un escenario en el que el costo de los servicios públicos ocupa un lugar central en la economía de las familias y en la estructura de gastos de comercios, industrias y pequeñas empresas.

En la Patagonia, la discusión tiene una particularidad: las condiciones climáticas y la extensión territorial hacen que el consumo energético sea una necesidad estructural. La calefacción no puede analizarse con los mismos parámetros que en regiones de temperaturas más moderadas.

El desafío será determinar si el nuevo esquema consigue focalizar la asistencia sin dejar desprotegidos a hogares que, por sus ingresos, composición familiar o necesidades de consumo, enfrentan dificultades para afrontar el servicio.

También será importante que los usuarios conozcan con claridad los requisitos de acceso, las bonificaciones aplicables y los procedimientos para actualizar sus datos, de modo que la implementación no se convierta en una barrera administrativa para quienes necesitan el beneficio.

La energía de Vaca Muerta y el costo de vivir en la Patagonia

La discusión adquiere otra dimensión en una región que ocupa un lugar estratégico en la producción nacional de gas y petróleo.

Neuquén y el resto de la Patagonia son protagonistas de la expansión energética argentina, pero ese desarrollo convive con el costo de vida, las necesidades de infraestructura y las condiciones particulares de los hogares que habitan la región.

La producción de gas puede crecer, las exportaciones pueden abrir nuevos mercados y las inversiones pueden transformar la economía. Sin embargo, el desarrollo energético también necesita traducirse en condiciones sostenibles para las comunidades donde se extraen los recursos.

La reforma de Zona Fría vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: cómo compatibilizar la sostenibilidad económica de los subsidios con el derecho de las familias a acceder a la energía que necesitan para vivir.

En la Patagonia, el gas es mucho más que un insumo energético: es calefacción, calidad de vida y una condición básica para habitar el territorio. La discusión no termina con la promulgación de una ley; empieza cuando sus efectos llegan a la factura de cada hogar.

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