Aeropuertos: Eurnekian busca llevar la concesión de AA2000 hasta 2066 y el Gobierno debe decidir entre prorrogar o licitar

La empresa que administra 35 terminales aéreas pretende extender por 28 años el contrato que actualmente vence en 2038.

El planteo vuelve a poner en el centro del debate la competencia, las inversiones y el vínculo previo entre Javier Milei y el grupo Corporación América.

El sistema aeroportuario argentino vuelve a quedar frente a una definición estratégica. Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) busca extender hasta 2066 la concesión que actualmente le permite administrar 35 terminales aéreas del país, según una investigación periodística difundida por C5N.

La solicitud implica agregar 28 años al horizonte de la concesión vigente, que finaliza en febrero de 2038. Ese contrato había sido prorrogado por diez años mediante el Decreto 1009/2020, que mantuvo además condiciones de exclusividad para la concesionaria.

Ahora el Gobierno de Javier Milei enfrenta una decisión que excede la relación contractual con una empresa: deberá definir si mantiene el esquema de concesión mediante una nueva extensión o si abre el negocio aeroportuario a una licitación que permita el ingreso de nuevos operadores.

Una concesión que ya fue extendida

La relación entre el Estado y AA2000 comenzó en 1998. El contrato original contemplaba una concesión de 30 años, cuyo vencimiento estaba previsto para 2028.

En 2020, durante la pandemia, el Gobierno aprobó una extensión de diez años y llevó el vencimiento al 13 de febrero de 2038. El argumento estuvo vinculado con la necesidad de preservar la sustentabilidad de la concesión y sostener un programa de inversiones en infraestructura aeroportuaria.

La documentación oficial de aquella prórroga estableció que la extensión estaba asociada a obras, proyecciones financieras y condiciones específicas para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria.

La discusión actual, por lo tanto, no parte de cero: el Estado ya otorgó una extensión considerable y ahora aparece sobre la mesa una nueva ampliación de largo plazo.

El argumento de AA2000: inversiones y previsibilidad

La empresa sostiene que necesita un horizonte contractual más extenso para justificar y financiar nuevas inversiones en las terminales que administra.

Ese argumento tiene una lógica económica: las grandes obras aeroportuarias requieren desembolsos importantes y períodos prolongados para recuperar el capital invertido.

Pero la discusión central es otra:

¿cuál es el plazo razonable para garantizar inversiones sin cerrar durante décadas la posibilidad de competencia?

Ese será uno de los puntos más sensibles de la decisión.

¿Prórroga directa o licitación?

El Gobierno tiene, en términos políticos y económicos, dos caminos.

El primero es negociar una nueva extensión de la concesión con AA2000, vinculando eventualmente el nuevo plazo con un programa de inversiones, obligaciones de servicio y compromisos económicos.

El segundo es preparar una licitación competitiva, permitiendo que otros operadores puedan presentar ofertas por la administración de las terminales.

La diferencia no es menor.

Una concesión hasta 2066 significaría otorgar un horizonte de casi cuatro décadas desde el momento actual. Una licitación, en cambio, permitiría comparar propuestas y determinar si existe interés de otros grupos empresarios en participar del negocio.

El antecedente reciente muestra que la negociación ya había avanzado anteriormente: en 2025 existió un acta de readecuación contractual que contemplaba una extensión hasta 2056, con una opción para llegar posteriormente a 2066, aunque ese acuerdo fue dejado sin efecto y la negociación continuó.

El factor Milei-Eurnekian

La discusión incorpora además un elemento político que inevitablemente será observado.

Javier Milei trabajó durante 13 años en empresas de Corporación América, entre 2008 y 2021, antes de ingresar de lleno en la política. Ese grupo empresario está encabezado por Eduardo Eurnekian, uno de los principales empresarios argentinos y accionista de referencia del negocio aeroportuario.

Las inhibiciones éticas que alcanzaron al Presidente por su anterior vínculo laboral con el grupo vencieron en diciembre de 2024, según los antecedentes citados en las investigaciones periodísticas.

Esto no determina por sí mismo cuál debería ser la decisión del Estado, pero sí convierte cualquier eventual prórroga en una operación que requerirá máxima transparencia institucional.

El verdadero debate: infraestructura, competencia y Estado

La discusión aeroportuaria debería evitar reducirse a una disputa entre Gobierno y empresa.

Argentina necesita aeropuertos modernos, eficientes y capaces de acompañar el crecimiento del turismo, el transporte de cargas y la conectividad regional.

Pero también necesita que las concesiones públicas tengan reglas claras, mecanismos de control, objetivos de inversión verificables y condiciones que protejan el interés de los usuarios.

Una concesión de semejante duración obliga a mirar varias décadas hacia adelante.

La pregunta no es solamente cuánto está dispuesta a invertir una empresa.

También es qué obtiene el Estado a cambio, qué obligaciones asume el concesionario, cómo se controlarán las tarifas y la calidad del servicio y qué mecanismos existirán para revisar el contrato si cambian radicalmente las condiciones del mercado.

Una decisión que puede marcar el sistema aeroportuario durante décadas

El caso AA2000 vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Argentina: cómo equilibrar inversión privada y competencia cuando se concesiona infraestructura estratégica.

El Gobierno todavía debe definir si avanzará con la extensión solicitada o si abrirá el proceso a nuevos operadores. Hasta ahora, la información disponible indica que la negociación continúa y no existe confirmación oficial de que la extensión hasta 2066 haya sido aprobada.

Si finalmente se concreta, el Estado estará entregando un horizonte de concesión que se proyectaría hasta mediados de siglo.

Y por eso la discusión merece algo más que una firma administrativa: necesita transparencia, información pública y una evaluación económica y jurídica que permita determinar si la extensión beneficia al Estado argentino, a los pasajeros y al desarrollo de la infraestructura aeroportuaria.

Para Vaca Muerta Online, el punto central es claro: cuando el Estado entrega infraestructura estratégica por décadas, la inversión es necesaria, pero también lo son la competencia, el control y la defensa del interés público.