La Justicia de EE.UU. rechazó revocar el fallo contra Argentina por YPF: deberá pagar US$16.100 millones

La jueza Loretta Preska desestimó el pedido de anulación presentado por RAFA. El gobierno argentino evalúa apelar o negociar con los fondos demandantes para reducir la deuda.

En un nuevo capítulo del largo litigio por la nacionalización de YPF en 2012, la Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido para revocar el fallo que condena a Argentina a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, desestimó la solicitud presentada por la organización Republican Action for Argentina (RAFA), que buscaba anular la sentencia bajo el argumento de que la compra de acciones de YPF en 2008 habría sido parte de un esquema fraudulento.

RAFA había presentado una Moción de la Regla 60, un recurso legal que permite revisar una sentencia cuando surgen nuevas pruebas o circunstancias. La organización, representada por el abogado argentino Fernando Irazu, sostuvo que la adquisición del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2008 contó con la participación del entonces gobierno argentino. Según RAFA, tras la nacionalización de YPF en 2012, el Grupo Petersen no pudo cumplir con sus compromisos financieros, lo que derivó en la quiebra de sus empresas en España.

Sin embargo, la jueza Preska rechazó estos argumentos y mantuvo firme la sentencia que obliga a Argentina a pagar US$16.100 millones. Con esta decisión, el fallo emitido en 2023 sigue vigente, y el gobierno argentino deberá evaluar los próximos pasos en este litigio, que se arrastra desde 2015.

Los orígenes del conflicto

El litigio comenzó cuando los fondos Burford Capital y Eton Park demandaron al Estado argentino por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol. Los demandantes argumentaron que Argentina no realizó una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, lo que habría violado el estatuto de la empresa.

Por su parte, Argentina defendió su posición alegando que la ley de nacionalización aprobada por el Congreso en 2012 establecía que el Estado no podía adquirir más acciones que las expropiadas a Repsol. No obstante, la Justicia estadounidense consideró que el gobierno argentino debió respetar las condiciones del estatuto de YPF y falló en contra del país.

¿Qué sigue para Argentina?

Con la decisión de la jueza Preska, el fallo que condena a Argentina a pagar US$16.100 millones sigue en pie. El gobierno argentino ahora deberá evaluar sus opciones, que incluyen la posibilidad de apelar la decisión o buscar una negociación con los fondos demandantes para reducir el monto a pagar.

Este caso representa un desafío significativo para Argentina, tanto en términos económicos como diplomáticos, en un contexto de fragilidad financiera y negociaciones con organismos internacionales. La resolución final del litigio podría tener implicancias importantes para la política energética y las relaciones internacionales del país.

Mientras tanto, el fallo de la Justicia estadounidense mantiene en vilo al gobierno argentino, que deberá definir su estrategia en los próximos meses para enfrentar una de las demandas más cuantiosas de su historia.