Othar vs. Torres

La guerra fría por el patrimonio de YPF en Comodoro escala al plano judicial y financiero.

La decisión de YPF S.A. de transferir un vasto paquete de tierras y edificios históricos directamente al Estado Provincial ha dinamitado la relación política entre el Gobernador y el Intendente de Comodoro Rivadavia. Con 25 millones de dólares en compensaciones ambientales de por medio, el municipio amenaza con judicializar el acuerdo y elevar la denuncia ante la Bolsa de Nueva York.

Por Redacción Vaca Muerta Online

La retirada de YPF de los yacimientos maduros convencionales en la Cuenca del Golfo San Jorge ha dejado una estela de conflicto urbanístico y político sin precedentes. Lo que en el subsuelo es un cambio de operadoras, en la superficie se ha transformado en una encarnizada batalla por el control de activos de altísimo valor social e inmobiliario en Comodoro Rivadavia. La crisis política entre el intendente Othar Macharashvili y el gobernador Ignacio Torres ha tocado fondo, anticipando el escenario electoral de 2027.

El detonante fue la firma, el pasado viernes, de un "Acta Acuerdo" entre la petrolera de mayoría estatal y el Gobierno Provincial. Mediante este convenio, YPF transfiere a la Provincia la titularidad de más de 50 bloques de tierras distribuidos por toda la ciudad, incluyendo las 19 hectáreas ocupadas por clubes deportivos que esperan sus títulos de propiedad desde hace décadas. El acuerdo también incluye el estratégico bloque de los 'ex Almacenes de YPF', que la administración de Torres prevé utilizar para lotear en favor de los vecinos afectados por el cerro Hermitte.

1. El enojo de Othar y la foto del "peronismo unido"

El intendente Macharashvili supo desde el inicio de la semana que el acuerdo estaba cerrado y que el Gobernador Torres llegaría a Comodoro el fin de semana para protagonizar la "entrega de papeles" a los clubes. Esta movida política fue interpretada en el Palacio Municipal como una campaña anticipada del gobernador en la ciudad, emulando la estrategia que ejecutó el exintendente Juan Pablo Luque cuatro años atrás.

La bronca de Othar Macharashvili fue tal que provocó un giro inesperado: se sentó en la misma mesa de conferencia de prensa con su antecesor y rival interno, Juan Pablo Luque. Ambos dirigentes, distanciados políticamente, unieron fuerzas para encabezar el reclamo de la ciudad. Para el oficialismo local, la foto con la "entrega de papeles" vale más que mil palabras en tiempos electorales, y Macharashvili no estaba dispuesto a permitir que Torres la capitalizara solo.

2. La deuda histórica y la condonación de los 2 millones de dólares

La postura administrativa y judicial del Municipio de Comodoro Rivadavia es firme: YPF ya había asumido la obligación de transferir estos inmuebles a la ciudad mediante convenios vigentes celebrados en 1994, 1995 y complementados en 2013.

Como contraprestación por aquel compromiso de YPF de ceder las tierras, el Municipio condonó deudas impositivas de la compañía por valor de 2 millones de dólares (a valor de los años 90). El planteo local es que YPF no tiene libertad para disponer de esos bienes como propios y transferirlos a un tercero (la Provincia) sin la participación de la ciudad, ya que constituyen una compensación histórica comprometida por la ocupación territorial y los costos urbanos derivados de más de un siglo de actividad petrolera.

3. El factor Milei y la interpelación Adorni

En el entorno del intendente hay otra lectura política que vincula el acuerdo YPF-Provincia con la estrategia nacional del gobernador Torres. Ven la firma del convenio como parte de un pacto más amplio entre Torres y la Casa Rosada de cara a 2027, reflejado en el reciente apoyo legislativo de diputados alineados con el gobernador al gobierno de Javier Milei.

Esta interpretación cobró fuerza tras la ausencia del diputado nacional Jorge Ávila (alineado con Torres) en la sesión donde la oposición intentó interpelar al vocero presidencial Manuel Adorni. Aunque desde despachos cercanos al gobernador relativizan esta visión y sostienen que la relación con Nación responde a las necesidades de financiamiento cotidianas de la provincia, el oficialismo municipal y sectores del peronismo provincial insisten en ver un entendimiento político profundo.

4. La "carta bomba": La amenaza de denunciar ante la SEC de Nueva York

La disputa administrativa y política se encamina inevitablemente a la judicialización. El Municipio envió el viernes una carta documento al presidente de YPF S.A., Horacio Marín, en la que anticipa una serie de acciones legales y financieras de alto impacto.

La parte más contundente del texto legal es la advertencia de que la controversia será presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange), además de la Comisión Nacional de Valores en Buenos Aires. El Municipio fundamenta esta amenaza en el potencial impacto bursátil de las demandas vinculadas a pasivos ambientales no informados.

La carta documento advierte que la omisión de la intervención municipal, la generación de litigiosidad inmediata y la "posible existencia de pasivos ambientales no informados constituyen extremos que el Directorio no podrá alegar desconocer". Además, el Municipio anticipa la solicitud de una medida cautelar de no innovar para frenar el traspaso, junto con una demanda por daño ambiental.

5. La cláusula de indemnidad de los 25 millones de dólares

El convenio firmado por Torres confirmó otro aspecto polémico: el pago de una "contraprestación extraordinaria" por parte de YPF de 25 millones de dólares a cambio de una "liberación de responsabilidad por pasivos ambientales" previos a la entrada en vigencia del acuerdo.

Esta cláusula es la que más preocupa en Comodoro. El intendente Macharashvili lo graficó claramente: "Los desórdenes urbanos generados por la actividad y por el no manejo correcto de esos activos por parte de YPF nos impactan a nosotros y la gente nos lo reclama a nosotros". El reclamo local es que no se puede negociar una liberación de responsabilidad ambiental por décadas de explotación en la ciudad sin la participación de la misma, especialmente cuando el convenio parece liberar a la petrolera de toda responsabilidad previa.

La discusión ya no es hipotética: el convenio está firmado y fue enviado a la Legislatura para su ratificación el próximo jueves. El conflicto pasa del plano político al judicial, con la gran duda de si los argumentos municipales no están llegando irremediablemente tarde.