RIGI Blindado
El Gobierno crea un comité de seguridad especial para proteger las megaversiones.
El Ministerio de Seguridad oficializó la "Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas". El objetivo es blindar las cadenas logísticas, el transporte y la infraestructura crítica de la minería y la energía contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El Gobierno nacional dio un paso clave para garantizar la estabilidad operativa de los proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A través de la Resolución 461/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, se oficializó la creación de la “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas”, un nuevo esquema público-privado diseñado para prevenir delitos complejos en los sectores más dinámicos de la economía.
La medida surge en un contexto de fuerte aceleración del régimen: hacia fines de 2025, el RIGI ya acumulaba inversiones aprobadas por más de 13.000 millones de dólares y una cartera superior a los 20 proyectos en evaluación, concentrados principalmente en provincias como San Juan, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Salta, Mendoza y Buenos Aires.
Los fundamentos: ¿Por qué blindar el RIGI?
Los megaproyectos de energía, minería, infraestructura, industria y tecnología mueven flujos masivos de capital, equipamiento pesado, insumos y personal especializado. El texto oficial advierte que esta complejidad operativa y geográfica —muchas veces en zonas remotas o corredores fronterizos— genera vulnerabilidades que las organizaciones criminales podrían intentar aprovechar.
La nueva Mesa de Coordinación pondrá el foco en:
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Mitigación de riesgos: Prevenir el lavado de activos, delitos económicos y la infiltración criminal.
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Protección de infraestructura crítica: Custodiar plantas, yacimientos y nodos energéticos estratégicos.
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Seguridad en el transporte: Blindar los corredores logísticos por donde se desplazan los insumos y la producción.
El dato: Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que el funcionamiento de esta mesa y la implementación de nuevos protocolos no implicarán nuevas cargas económicas ni trabas burocráticas para las empresas inversoras.
Articulación público-privada y control logístico
La resolución innova al incorporar formalmente a los operadores logísticos, empresas de transporte y concesionarios de infraestructura dentro de la estrategia de seguridad. La intención es crear un canal de comunicación directo y ágil entre el sector privado y el Estado.
Para lograrlo, se trabajará en cuatro ejes principales:
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Protocolos sectoriales de prevención: Diseñados a la medida de cada industria (minera, hidrocarburífera, etc.).
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Canales de reporte temprano: Sistemas de alerta ante anomalías o sospechas en las rutas de suministro.
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Capacitaciones conjuntas: Formación para el personal de las empresas en detección de riesgos.
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Intercambio de información: Monitoreo activo basado en estándares internacionales de cooperación.
Cómo funcionará la nueva estructura
La Mesa operará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y estará integrada por especialistas en la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas federales y áreas de investigación de la criminalidad organizada. Además, tendrá la facultad de articular de forma directa con los ministerios de seguridad provinciales, municipios y el Ministerio de Economía de la Nación.
Con este movimiento, la seguridad de la cadena de suministro deja de ser un problema exclusivo de las compañías para convertirse en una política de Estado prioritaria, entendiendo que la protección de los activos estratégicos es vital para sostener la confianza de los inversores globales en Argentina.
Fuente: vmo
