¿Salvavidas de plomo? El dilema de la industria nacional ante el millonario boom de la minería

Las cámaras empresarias estiman inversiones por US$ 55.000 millones en litio y cobre para la próxima década.

Sin embargo, las pymes advierten que competir con las importaciones bajo el RIGI y soportar la presión impositiva local será una batalla muy desigual.

En medio de una profunda recesión que golpea con fuerza la actividad fabril, el empresariado argentino busca desesperadamente un motor que compense la caída de la producción interna. La mirada del sector está puesta firmemente en la cordillera: un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta que las inversiones en litio y cobre podrían alcanzar los US$ 55.000 millones durante los próximos diez años.

Esta gigantesca masa de capital representa una oportunidad de oro para que el entramado productivo local se convierta en proveedor de las grandes mineras, pero el camino está sembrado de desafíos estructurales, readaptaciones costosas y el fantasma de la competencia extranjera.

La carrera de obstáculos para las Pymes industriales

"No es tan sencillo", advierte de entrada Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas (IPA). Su caso ilustra a la perfección el nivel de sacrificio que exige el sector: actualmente se encuentra en pleno proceso de mudar su empresa metalúrgica desde Buenos Aires hacia San Juan para poder capturar algo de la demanda minera.

Según los referentes industriales, el desembarco en este negocio requiere entender que la minería "no espera" y exige sortear tres barreras críticas:

• Tiempos de maduración lentos: Entrar al circuito lleva un par de años; la demanda no es inmediata porque primero se deben construir caminos y fabricar torres para el traslado de energía eléctrica hasta los yacimientos.

• La ley de la cercanía: Provincias como San Juan se estructuran comercialmente en "anillos". Mientras más cerca del anillo donde opera la minera esté radicada la empresa, más prioridades tendrá de ser seleccionada como proveedora.

• Exigencia de certificaciones: El sector no admite improvisaciones y obliga a cumplir con estrictas normas de calidad y certificaciones internacionales.

Para Rosato, este panorama echa por tierra la ilusión de un derrame mágico: el impacto real será limitado y concentrado, lo que significa que la minería no será una solución generalizada para la crisis de la industria nacional.

Provincias en juego: El modelo Córdoba

El mapa de los grandes proyectos mineros se concentra con fuerza en cinco provincias: San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Jujuy y Salta. El gran reto de la economía interna es lograr que los beneficios no se queden encapsulados exclusivamente en la obra pública de la cordillera, sino que traccionen a los talleres de todo el país.

Desde la Unión Industrial de Córdoba (UIC), su titular Luis Macario señala que la provincia mediterránea tiene un potencial enorme para integrarse a la cadena de valor mediante sus industrias de metalurgia, autopartes, construcción, logística y alimentos. La carta fuerte de Córdoba es su clúster de gas, petróleo y minería, que ya cuenta con el know-how de estar operando activamente en Vaca Muerta, lo que les otorga una gimnasia competitiva clave para abastecer al norte y a la región de Cuyo.

La grieta regulatoria: El RIGI frente al "compre nacional"

El mayor foco de conflicto y preocupación para los industriales locales radica en la falta de competitividad económica frente a los productos que llegan del exterior, un problema que no es de calidad técnica, sino de asfixia fiscal.

• La mochila impositiva: Los empresarios locales denuncian que deben presupuestar sus servicios con una carga tributaria desproporcionada. Como ejemplo, un estudio de la Fundación ProTejer expuso que los impuestos representan el 50,3% del precio final de la indumentaria, obligando a los fabricantes a venderle a las mineras con ese sobrecosto frente a productos importados que ingresan sin ese lastre.

• El efecto RIGI: La flexibilización que otorga el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) encendió las alarmas de los analistas. Florencia Fiorentin, economista de la consultora Epyca, advierte que el RIGI le quita incentivos al desarrollo de proveedores locales. A diferencia de la antigua Ley de Inversiones Mineras —que limitaba las facilidades de importación para forzar la compra en el mercado interno—, el nuevo esquema ofrece tanta flexibilidad para importar insumos y un tipo de cambio tan bajo que reduce al mínimo el interés de las multinacionales por comprar componentes fabricados en Argentina.

La mesa está servida para un boom minero histórico, pero las condiciones actuales plantean una encrucijada peligrosa: si no se equilibra la cancha en costos dolarizados y facilidades importadoras, los u$s 55.000 millones pasarán de largo por los talleres argentinos, dejando los beneficios del subsuelo local en manos de proveedores extranjeros.