Torres desafía el status quo

Con su proyecto de cobrar peaje a camiones chilenos en la Ruta 40.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encendió una chispa que cruzó la Cordillera. Su proyecto para cobrar una tasa de mantenimiento a los camiones extranjeros —principalmente chilenos— que circulan por la Ruta Nacional 40 ha desatado un debate que ya trasciende lo vial para meterse de lleno en terrenos diplomáticos, legales y económicos.

Desde Comodoro Rivadavia, el mandatario fue claro: “Tenemos la potestad de legislar sobre nuestras normas”. Y aunque el planteo puede sonar disruptivo, responde a una problemática concreta y urgente: la Ruta 40, columna vertebral de la Patagonia, está colapsada. Baches, falta de señalización y abandono estatal han hecho de este tramo un riesgo constante para quienes la transitan, desde trabajadores hasta turistas.

Frente al silencio de Nación, Torres propone lo impensado: Chubut se haría cargo del mantenimiento, pero no sin exigir un esfuerzo a quienes más desgaste generan. En ese esquema, los camiones internacionales —muchos provenientes de Chile— deben pagar por el uso intensivo que hacen de una infraestructura que, hasta ahora, usan gratis.

Del otro lado de la Cordillera, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) puso el grito en el cielo. Hablan de violación al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), acusan falta de fundamentos técnicos y advierten sobre un posible conflicto comercial. No es menor: el tratado prohíbe peajes o tributos diferenciados que afecten la libre circulación.

Pero el trasfondo real es otro: la asimetría. Mientras Argentina permite el paso gratuito y sin restricciones por rutas como la 40, Chile cobra peajes formales en buena parte de su red vial. Y aunque en la Región de Magallanes no se cobre a camiones argentinos, el volumen de tránsito entre ambos países no es comparable. En la práctica, los vehículos chilenos usan la 40 como alternativa más económica y menos controlada frente a rutas más exigentes como la 3.

El debate está abierto. ¿Puede una provincia asumir el control de una ruta nacional para proteger la seguridad de sus habitantes y recuperar su infraestructura? ¿Debe hacerlo a costa de tensiones binacionales? Y más allá de eso, ¿es justo que el costo del deterioro lo paguen siempre las comunidades locales mientras el comercio internacional fluye sin contraprestaciones?

El caso de Chubut no es aislado. Otras jurisdicciones, como Necochea, ya han implementado tasas similares para asegurar el mantenimiento de caminos utilizados por flotas de alto tonelaje. El principio es claro: quien más usa, más contribuye.

Torres sabe que pisa terreno pantanoso. Pero también entiende que si no se actúa, la Ruta 40 se convertirá en un emblema de lo que pasa cuando nadie se hace cargo. Su propuesta desafía intereses, sí. Pero también interpela un modelo de integración regional que muchas veces solo beneficia a un lado de la frontera.