Conflicto entre Nación y Tierra del Fuego

La llegada del petrolero VS Promise a la capital fueguina generó un cruce de declaraciones entre el gobierno de Gustavo Melella, que tildó el hecho de "inadmisible", y el Ejecutivo nacional, que sostuvo que la nave operó bajo la legalidad vigente tras cargar crudo en la propia provincia.

El atracamiento del buque petrolero VS Promise —de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte— en la terminal de Ushuaia desencadenó un choque institucional y político entre el Gobierno nacional y la administración de Tierra del Fuego. La instalación portuaria se encuentra bajo la gestión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tras ser intervenida por el Gobierno central a comienzos de año.

La nave, con 228 metros de eslora y capacidad para trasladar medio millón de barriles de crudo, ingresó a la capital fueguina con el objetivo de aprovisionarse tras haber operado en las instalaciones de la compañía Total en la monoboya del puerto Cuyén.

La posición del gobierno fueguino: "Un hecho inadmisible"

Desde el Ejecutivo provincial encabezado por Gustavo Melella manifestaron un repudio categórico al amarre de la embarcación. A través de un comunicado oficial, remarcaron el contrasentido geopolítico que implica la operación de la nave británica en la capital de la jurisdicción a la que pertenecen constitucionalmente las islas del Atlántico Sur:

• Objeción soberana: Consideraron inadmisible la presencia de una embarcación de bandera británica en la terminal provincial mientras el Reino Unido mantenga la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
• Valor estratégico de Ushuaia: Subrayaron la condición del puerto como punto clave para la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida, señalando que las decisiones operativas no pueden tomarse al margen de esa realidad.
• Defensa de competencias: Advirtieron que la provincia no permanecerá indiferente ante medidas adoptadas de forma unilateral por el poder central que comprometan los recursos e intereses estratégicos del país.

La respuesta del Gobierno nacional: apego a la ley y actividad económica

La postura de la Casa Rosada fue expuesta por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien rechazó los planteos de la provincia y afirmó que el buque operó dentro del marco normativo:

• Legalidad de la operación: Ravier aclaró que el accionamiento de la nave no quebrantó ninguna legislación vigente y subrayó que el barco provenía de realizar tareas de carga en la propia provincia de Tierra del Fuego.
• Jurisdicción de la monoboya: Detalló que la operación de carga de crudo previa se ejecutó en el puerto Cuyén (al norte de la isla), una monoboya bajo jurisdicción provincial, argumentando que el propio gobierno fueguino avaló dicho ingreso inicial.
• Alcance de la Ley Gaucho Rivero: El vocero precisó que la normativa provincial limita el amarre de buques vinculados a Gran Bretaña únicamente cuando se encuentren realizando tareas de exploración o explotación en la Cuenca Malvinas, situación que no aplicaba a este caso.
• Impacto y soberanía: Concluyó que la estadía del VS Promise no representó riesgo ni pérdida de soberanía alguna, destacando que las tareas de aprovisionamiento en Ushuaia generaron dinamismo económico para la provincia.