El plan para reactivar la PIAP con gas de Vaca Muerta

Una inversión de USD 120 millones para crear 200 empleos.

Las empresas Saesa y Spark presentaron un proyecto de modernización para poner en valor el complejo de Arroyito, paralizado desde 2017. La iniciativa contempla un esquema de concesión privada sin perder la titularidad estatal, previendo el procesamiento de 600.000 metros cúbicos diarios de gas no convencional para abastecer a mercados globales de alta tecnología.

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito, Neuquén, se posiciona ante una oportunidad clave para salir del letargo operativo en el que se encuentra desde hace casi una década. Las compañías Saesa y Spark estructuraron una propuesta de inversión privada que ya fue elevada formalmente ante el Ministerio de Economía de la Nación, con el objetivo de reacondicionar la infraestructura y devolverle al país su capacidad de producción de agua pesada a escala industrial.

El proyecto diseñado por el consorcio empresarial contempla un desembolso superior a los USD 120 millones y estima un plazo global de obras de hasta 36 meses para optimizar las instalaciones. Sin embargo, el objetivo técnico prioritario es acelerar las tareas críticas para lograr la puesta en marcha de al menos una de las líneas de producción antes de cumplirse ese plazo general. De prosperar la iniciativa, estiman que la reactivación del complejo generará de forma inmediata unos 200 puestos de trabajo directos.

El nexo estratégico con el gas neuquino

La viabilidad económica y operativa de esta nueva propuesta radica en su integración directa con el auge productivo de la Cuenca Neuquina. La planta utilizará el gas natural extraído de la formación no convencional Vaca Muerta como insumo fundamental para sus procesos industriales. Para asegurar este abastecimiento, los impulsores del proyecto ya han iniciado negociaciones comerciales y sellaron los primeros preacuerdos con diversas operadoras con activos en la cuenca.

Desde una perspectiva de mercado, la reactivación transformará el recurso energético primario en un bien de exportación con un altísimo valor agregado. La PIAP tendría la capacidad de procesar hasta 600.000 metros cúbicos de gas por día, abriendo una nueva ventana de demanda para la producción regional y conectando a la Argentina con cadenas de valor globales de alta complejidad. El agua pesada no solo posee un mercado consolidado en la generación de energía nuclear, sino que registra una creciente demanda internacional en sectores de vanguardia como la medicina, la biotecnología y la industria farmacéutica.

Cronograma técnico e hitos históricos

El complejo industrial arrastra un extenso período de inactividad que ha deteriorado su posición estratégica:

• Inauguración (1993): La planta comenzó a operar formalmente durante la gestión de Carlos Menem.

• Récord operativo (1998): Alcanzó su máximo histórico de producción, iniciando posteriormente una etapa de declive sostenido.

• Paralización definitiva (2017): El complejo salió de producción durante la presidencia de Mauricio Macri y, desde entonces, solo ha recibido tareas de mantenimiento básico con presupuestos sumamente acotados.

• Intentos de reconversión: En los últimos años se evaluaron opciones que incluían transformar las instalaciones para la producción de fertilizantes o la búsqueda de compradores internacionales por parte del gobierno provincial.

De avanzar la actual propuesta de Saesa y Spark, la primera etapa consistirá en la ejecución de un exhaustivo estudio técnico de base para auditar el estado real de los equipos tras nueve años de parálisis.

El camino regulatorio hacia la licitación pública

El futuro institucional de la planta se encuentra ahora bajo análisis del Poder Ejecutivo Nacional. El esquema propuesto determina que el activo continúe perteneciendo al Estado —actualmente bajo la órbita de la Empresa Neuquina de Servicios Industriales (ENSI), integrada por el Estado nacional y la provincia de Neuquén—, pero operado mediante un formato de concesión privada que asuma el riesgo de la modernización tecnológica.

Tras la modificación de las normativas vigentes, el Gobierno nacional evalúa declarar el proyecto de "interés público" para posteriormente convocar a una licitación pública abierta. Al tratarse de una compulsa pública, el consorcio integrado por Saesa y Spark no contará con derechos de preferencia automáticos, permitiendo que otros actores presenten sus ofertas para dirimir quién será el operador definitivo de la planta. El ritmo del proceso final quedará supeditado a los avales oficiales y a la solidez de la demanda comercial externa que se termine de consolidar en el mercado energético europeo, donde ya se registran gestiones de preventa.