La paradoja de la abundancia

¿Por qué la Patagonia produce la energía del país pero paga las tarifas más caras de Argentina?

El último informe del IIEP (UBA-Conicet) correspondiente a mayo de 2026 revela que un hogar en Neuquén sin subsidios paga un 122% más por la electricidad que un usuario del AMBA. A la disparidad en las boletas de luz y gas se le suma el peso del transporte público, abriendo un profundo debate sobre el costo de vida en la región que genera la riqueza hidrocarburífera de la nación.

La Patagonia en general, y la provincia de Neuquén en particular, han consolidado una posición sumamente compleja en el extremo superior de la dispersión tarifaria nacional. Mientras los récords de producción en la roca madre acaparan los titulares de la prensa económica, las familias de la región enfrentan una realidad diaria marcada por costos de servicios públicos que superan con creces la media del país.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), un hogar neuquino sin subsidios debe afrontar un desvío del +86% respecto a la media nacional en su factura de energía eléctrica. Esta cifra contrasta de manera drástica con el escenario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los usuarios pagan un 36% menos que el promedio del país. El reporte de mayo de 2026 evidencia que la brecha real entre ambas jurisdicciones alcanza los 122 puntos porcentuales.

El abismo de las boletas: ¿A dónde va el dinero?

A nivel general, la factura promedio país para un hogar residencial sin beneficios se ubica en $82.688 (para un consumo base de 265 kWh/mes), mientras que los usuarios que mantienen subsidios en el precio mayorista abonan, en promedio, $50.919.

Al analizar la composición de estas boletas para el segmento que paga la tarifa plena, se observa la siguiente distribución:

• 36% corresponde al costo de la energía en sí misma.

• 39% está explicado por el Valor Agregado de Distribución (VAD).

• 26% se destina al pago de componentes impositivos.

La disparidad que castiga a las provincias patagónicas responde de forma directa a los marcos regulatorios locales y a la frecuencia de actualización del VAD, reflejando costos de distribución e infraestructura significativamente más altos en el sur que en el centro del país. Esto genera una fuerte fricción social en ciudades como Neuquén, donde convive un sector ligado a los altos salarios petroleros con una gran masa de la población que trabaja en la administración pública, el comercio o el sector informal, y para quienes las boletas llegan "como un reloj" bajo amenaza de corte de servicio.

El transporte público: un factor que agrava la brecha

La presión sobre los ingresos familiares en la Patagonia no se limita a los servicios del hogar; la movilidad se ha convertido en otro factor crítico de exclusión. Tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, el boleto promedio en las provincias escaló por encima de sus valores históricos, promediando los $1.549 en todo el interior durante mayo de 2026.

Para los habitantes de la región, el impacto en el poder adquisitivo es asfixiante:

• En Río Negro, una canasta básica de transporte público ya representa el 19% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

• En Neuquén, este indicador alcanza el 17% del SMVM.

• En el AMBA, el gasto equivalente representa apenas el 11% del SMVM.

Si bien existen paliativos puntuales, como los descuentos específicos para residentes que se aplican en Bariloche para mitigar la carga sobre el salario, la tendencia general muestra una transferencia directa de costos hacia el bolsillo del trabajador.

Gas y combustibles: el amortiguador del upstream

En la ventana del gas, y a pesar de ser la zona productora por excelencia, la región se encuentra asimilando la reconfiguración del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En mayo entró en vigencia una bonificación extra del 25% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que regirá hasta septiembre. Con este esquema, un usuario residencial promedio paga actualmente el 74% del costo de abastecimiento, mientras el Estado Nacional cubre el 26% restante.

A nivel nacional, la factura promedio de gas para un usuario sin subsidio, ajustada por estacionalidad, se estima en $71.732 por mes, mientras que para los beneficiarios del esquema SEF la boleta media ronda los $52.040. Para las familias patagónicas, el precio del gas en sí explica el 47% de la factura final, el VAD el 31% y los impuestos el 22%. La encrucijada más triste la viven aquellos hogares periféricos que no cuentan con acceso a la red formal de gas natural y deben recurrir a la electricidad o garrafas para calentarse en el crudo invierno, multiplicando el costo de subsistencia.

Por el lado de los combustibles líquidos, el precio promedio del gasoil premium en surtidor se estima en $2.255, mientras que la nafta premium alcanza los $2.142. Las operadoras, lideradas por YPF, han aplicado una política de estabilidad temporal con aumentos pautados del 1% y el compromiso de mantener los precios sin cambios adicionales por un plazo de 45 días.

A nivel corporativo, el negocio sigue siendo altamente rentable. A pesar de que el barril de petróleo Brent cotizó en un promedio de USD 114 en las últimas semanas, el margen de refinación (crack spread) dentro de Argentina se mantiene por encima de los USD 30 por barril. Aunque esta cifra se sitúa levemente por debajo del promedio de los últimos doce meses, continúa garantizando la excelente rentabilidad de las refinerías instaladas en la cuenca neuquina, donde se procesa gran parte del crudo local.

Mirada VMO: La deuda interna del desarrollo energético

El balance financiero de la actividad en subsuelo cierra con números verdes para las empresas del sector e incluso para los esquemas de promoción de grandes inversiones como el RIGI, orientados a garantizar estabilidad fiscal y exenciones impositivas de largo plazo para dinamizar la macroeconomía. Sin embargo, los datos de mayo de 2026 exponen que el "derrame" de prosperidad hacia las comunidades locales no está ocurriendo de manera equitativa.

La paradoja es total: el pueblo que habita sobre la mayor riqueza energética del continente paga la luz y el colectivo más caros del país. Al mismo tiempo, las transformaciones del mercado laboral global y la optimización de costos en la industria —donde las tareas que antes requerían diez operarios hoy se resuelven con cinco mediante tecnología y automatización— configuran un escenario de precarización y temor ante el avance de la inteligencia artificial y los sistemas de servicios especiales. Sin una intervención regulatoria estratégica que proteja a los usuarios locales y redistribuya los costos de infraestructura, el boom de Vaca Muerta corre el riesgo de consolidarse como un éxito macroeconómico ciego a la realidad de su propio territorio.