La Justicia no frena la Ley de Glaciares

Pero abre la puerta a una batalla legal de fondo.

Por Redacción Vaca Muerta Online

En un fallo que marca el termómetro de la tensión entre el desarrollo extractivo y la protección ambiental, el Juzgado Federal de Santa Rosa rechazó la medida cautelar que buscaba suspender de inmediato la nueva Ley de Glaciares (27.804). Sin embargo, la decisión del juez Juan José Baric no es un cheque en blanco para la normativa: al declarar procedente el amparo colectivo, la justicia argentina se encamina a un debate profundo sobre la constitucionalidad de la reforma.

El freno que no fue

La demanda, impulsada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y diversas ONG ambientalistas, pretendía paralizar la aplicación de la ley en todo el territorio nacional. El argumento central apuntaba a un “retroceso normativo”: denuncian que la reforma flexibiliza las áreas protegidas y debilita el rol técnico del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).

No obstante, el magistrado consideró que los demandantes no lograron probar un daño concreto e inminente. Según el fallo, la impugnación se presentó "en abstracto", sin identificar proyectos mineros o energéticos específicos que estuvieran afectando glaciares en este momento preciso. Bajo la doctrina de la división de poderes, el juez optó por no interferir con una norma sancionada por el Congreso mientras no haya una urgencia material demostrada.

Los puntos de quiebre: ¿Desarrollo o protección?

La reforma de la Ley de Glaciares es mirada con lupa por las provincias con potencial minero y energético. Los ejes de la disputa que ahora entrarán en etapa de pruebas son:

• El Ambiente Periglaciar: La nueva norma redefine qué áreas están protegidas. Para los ambientalistas, esto deja desprotegidas zonas de suelo congelado clave para el ciclo del agua. Para los sectores productivos, otorga "seguridad jurídica" para avanzar en zonas que antes tenían límites difusos.

• Federalismo vs. Centralismo: La reforma refuerza la facultad de las provincias sobre sus recursos naturales, un punto que sectores industriales ven como un avance hacia la agilización de inversiones.

• El Inventario Nacional: Se cuestiona si la descentralización de las evaluaciones de impacto ambiental le quita rigor científico a la protección de las reservas estratégicas de agua dulce.

Lo que viene: El informe del Estado

Pese al rechazo de la cautelar, el expediente sigue su curso. El juzgado ya ordenó al Estado Nacional presentar un informe detallado para defender la legalidad de la reforma.

Este escenario mantiene abierta una ventana de incertidumbre legal. Mientras la ley sigue vigente y las operadoras pueden avanzar bajo el nuevo marco, el debate sobre la "no regresividad ambiental" (un principio constitucional que prohíbe que las leyes nuevas protejan menos que las anteriores) será el corazón de un juicio que, con seguridad, terminará escalando hasta los estrados de la Corte Suprema de Justicia.

Para las regiones con actividad intensiva, el fallo es un respiro momentáneo, pero la confirmación de que la Ley de Glaciares seguirá bajo examen judicial obliga a las empresas y gobiernos a extremar los controles técnicos en cada proyecto.