RIGI y Vaca Muerta

Las inversiones crecen, pero las pymes esperan que el derrame llegue a sus puertas.

El Gobierno afirma que el 82% de las compras de los proyectos adheridos al RIGI se realiza a proveedores nacionales. Sin embargo, el dato todavía no cuenta con una verificación independiente y convive con indicadores preocupantes para la industria y las pequeñas empresas. En las provincias productoras, el desafío es transformar las grandes inversiones energéticas y mineras en contratos, empleo y desarrollo industrial argentino.

Argentina busca atraer inversiones de gran escala para desarrollar sus recursos energéticos y mineros. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en una de las principales herramientas de esa estrategia. Sin embargo, mientras se anuncian proyectos multimillonarios, crece una pregunta entre los empresarios que integran el entramado productivo nacional: ¿cuánto de ese movimiento económico llegará realmente a las pequeñas y medianas empresas argentinas?

El debate quedó expuesto durante una serie de encuentros empresariales realizados en Rosario, donde funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado analizaron las oportunidades del RIGI y su impacto sobre las economías regionales.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el 82% de las compras de los proyectos del régimen corresponde a proveedores locales. También destacó la inscripción de unas 2.500 pymes interesadas en participar de las cadenas de abastecimiento.

El anuncio representa una señal relevante, pero deja pendiente una cuestión fundamental: estar registrado como proveedor no significa tener un contrato, vender un servicio o participar efectivamente de una inversión.

Para las empresas argentinas, la oportunidad no se mide por la cantidad de inscriptos en una plataforma o una ronda de negocios. Se mide por órdenes de compra, facturación, incorporación de tecnología, capacidad productiva y puestos de trabajo.

El 82% de compras nacionales: un dato que necesita mayor transparencia

La afirmación del Gobierno sobre el 82% de compras locales abrió interrogantes entre especialistas y representantes empresariales.

Según el relevamiento citado en la información publicada por Ámbito, las fuentes consultadas no pudieron confirmar de manera independiente ese porcentaje. También plantearon una cuestión metodológica: una compra contabilizada como nacional no necesariamente corresponde a un producto fabricado en Argentina.

Una empresa comercializadora o un distribuidor local puede intervenir en una operación cuyo equipamiento fue importado. Por eso, para conocer el verdadero impacto industrial del RIGI es necesario distinguir entre:

• Bienes fabricados en Argentina.
• Servicios prestados por empresas nacionales.
• Productos importados comercializados a través de proveedores locales.
• Equipamiento importado directamente por las compañías inversoras.
• Contratos que generan empleo y valor agregado dentro del país.

El economista Federico Bernini, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP-UBA), planteó que el crecimiento de las importaciones vinculadas con el RIGI debe analizarse en relación con la inversión comprometida y con las compras realizadas en el mercado interno.

La discusión no consiste en cuestionar la necesidad de importar tecnología que no se produce localmente. En proyectos energéticos y mineros de gran escala, determinados equipos y componentes requieren proveedores internacionales. El desafío es identificar qué bienes y servicios pueden desarrollarse en Argentina y generar condiciones para que las empresas nacionales compitan por esos contratos.

Vaca Muerta necesita algo más que grandes operadoras

La experiencia de Vaca Muerta permite entender la dimensión del problema.

El desarrollo de los hidrocarburos no convencionales depende de una cadena de valor extensa, integrada por empresas de servicios especiales, metalmecánicas, transporte, logística, mantenimiento, ingeniería, tratamiento de fluidos, gestión de residuos, alojamiento, alimentación y provisión de equipamiento.

Las grandes operadoras concentran las decisiones de inversión, pero una parte importante de la actividad cotidiana se sostiene sobre empresas proveedoras que deben mantener personal, instalaciones, vehículos y equipos disponibles.

Cuando una inversión crece, la oportunidad debería extenderse a esa red empresarial. Sin embargo, para que eso ocurra no alcanza con convocar a las pymes a una ronda de negocios: se necesitan especificaciones técnicas, procesos de homologación accesibles, financiamiento, plazos de contratación previsibles y compromisos comerciales concretos.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó que las grandes empresas petroleras, gasíferas y mineras deberían asumir un papel activo en el desarrollo de sus proveedores, incluso mediante mecanismos de prefinanciación y asistencia para que puedan incorporar tecnología.

Su planteo apunta a una cuestión central: si los proyectos reciben beneficios fiscales y condiciones especiales para invertir, también resulta razonable discutir cómo pueden contribuir a fortalecer la estructura productiva nacional.

Las pymes industriales todavía muestran señales de deterioro

Mientras el sector energético y minero concentra expectativas de crecimiento, otros indicadores muestran dificultades en buena parte de la industria.

De acuerdo con los datos citados en el material de referencia:

• La producción metalúrgica vinculada al sector de petróleo y gas registró una caída interanual del 4,4%, según ADIMRA.
• La producción de las pymes se contrajo un 4,7% durante el tercer trimestre frente al período anterior, según la Fundación Observatorio PyME.
• El 69% de las empresas relevadas manifestó una caída de su rentabilidad.
• Una de cada siete industrias pyme informó haber sufrido embargos de ARCA.

Estos indicadores muestran una economía con comportamientos muy diferentes entre sectores. Mientras algunos proyectos energéticos y mineros avanzan con inversiones de gran escala, numerosas empresas industriales enfrentan una demanda interna débil, dificultades de financiamiento y mayores exigencias para competir con productos importados.

El problema es especialmente sensible para las compañías que necesitan invertir antes de conseguir un contrato. Incorporar maquinaria, certificar procesos, contratar personal o ampliar una planta requiere recursos que no siempre están disponibles.

Así aparece una contradicción: las grandes inversiones necesitan proveedores preparados, pero una parte de esos potenciales proveedores atraviesa dificultades para sostener su propia capacidad productiva.

Santa Fe, Neuquén y San Juan: las provincias buscan conectar las cadenas de valor

Ante esta situación, los gobiernos provinciales comenzaron a impulsar mecanismos de articulación entre las empresas que demandan bienes y servicios y aquellas que buscan incorporarse como proveedoras.

El ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo que las inversiones no generan automáticamente beneficios para las empresas locales. Por eso, destacó la necesidad de acercar a las operadoras y compañías mineras con fabricantes, entidades financieras y organismos técnicos.

La provincia informó que cuenta con unas 500 empresas de 72 localidades con potencial para abastecer a los sectores energético y minero.

También mencionó acuerdos de cooperación con Neuquén y San Juan para facilitar el vínculo entre las cadenas productivas de las distintas regiones.

La experiencia abre una oportunidad para pensar el desarrollo de Vaca Muerta más allá de los límites de la provincia. La cuenca necesita proveedores de distintas especialidades y puede convertirse en un mercado para empresas industriales, tecnológicas y de servicios de todo el país.

Pero esa integración requiere planificación. No todas las pymes pueden convertirse inmediatamente en proveedoras de una operadora: deben cumplir normas de calidad, seguridad, ambiente, capacidad financiera y requisitos técnicos específicos.

Por eso, los programas de vinculación empresarial deben acompañarse con capacitación, certificaciones, financiamiento y asistencia para mejorar la competitividad.

El desafío de convertir el RIGI en desarrollo industrial argentino

El RIGI tiene como objetivo atraer grandes inversiones y ofrecer previsibilidad a proyectos de largo plazo. La discusión que ahora se abre es cómo vincular ese régimen con una estrategia de desarrollo de proveedores nacionales.

No se trata de imponer compras locales sin considerar costos, calidad o disponibilidad tecnológica. Se trata de generar condiciones para que las empresas argentinas puedan competir y ampliar su participación en sectores que demandarán enormes cantidades de bienes y servicios durante los próximos años.

Para lograrlo, hay al menos cuatro cuestiones que necesitan avanzar:

1. Información pública y verificable. Conocer qué porcentaje de las compras corresponde efectivamente a producción nacional, servicios locales, distribución e importaciones.

2. Financiamiento productivo. Facilitar capital de trabajo y crédito para que las pymes puedan invertir antes de ingresar a las cadenas de abastecimiento.

3. Desarrollo tecnológico y certificaciones. Acompañar a los fabricantes y prestadores de servicios para que alcancen los estándares exigidos por las grandes operadoras.

4. Compromisos comerciales concretos. Pasar de las rondas de negocios y los registros de proveedores a contratos, órdenes de compra y programas de desarrollo empresarial.

Vaca Muerta no puede crecer de espaldas a sus proveedores

Argentina tiene una oportunidad energética y minera que puede modificar su estructura económica durante las próximas décadas. Pero el resultado no debería medirse exclusivamente por los dólares comprometidos, las exportaciones o la cantidad de proyectos aprobados.

También debe medirse por la cantidad de empresas nacionales que logran incorporarse a las cadenas de valor, por la tecnología que se desarrolla en el país y por los empleos que se generan alrededor de cada inversión.

En Vaca Muerta, las grandes operadoras necesitan una red de proveedores capaz de responder a operaciones cada vez más complejas. Esa capacidad no aparece de un día para otro: requiere años de experiencia, inversión, capacitación y continuidad de trabajo.

El dato del 82% anunciado por el Gobierno necesita transparencia y una metodología que permita conocer qué significa realmente comprarle a un proveedor nacional. Porque una cosa es que una empresa argentina facture una operación y otra muy distinta es que esa operación genere fabricación local, trabajo argentino y valor agregado.

El verdadero derrame del RIGI no se comprobará contando cuántas pymes se inscribieron para venderles a las grandes empresas. Se comprobará cuando esas pymes comiencen a recibir contratos, invertir, contratar trabajadores y producir más. Vaca Muerta puede ser una plataforma de exportación de hidrocarburos, pero también debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la industria argentina.

VACAMUERTAONLINE.COM.AR | Energía, industria y desarrollo argentino